El Corte Inglés deberá pagar a César Areces Fuentes 98,5 millones de euros por el 0,695% del capital de la empresa que heredó de su padre, frente a los poco más de 35 millones que el grupo de distribución estaba dispuesto a desembolsar. El precio fijado por la titular del juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, supone valorar la firma presidida por Isidoro Álvarez en al menos 14.000 millones.
La juez ha estimado sólo una de las peticiones que César Areces había presentado en su demanda contra El Corte Inglés, pero ha resultado clave ya que se refiere al método de valoración de acciones del grupo. En cualquier caso, la magistrada circunscribe el sistema para fijar el precio de los títulos de César Areces al caso de este accionista, y no a la del resto de directivos propietarios de acciones, al considerar que 'la condición de César Areces es diferente' ya que éste es heredero de uno de los fundadores y no es ejecutivo de la empresa ni lo ha sido nunca. Los tres hermanos de César Areces, que respaldaron sus peticiones en el juicio, tendrán que esperar la resolución de otro procedimiento en curso.
El Corte Inglés pretendía pagar a Areces Fuentes sólo el valor teórico contable de sus títulos. Sin embargo, la juez considera 'más conveniente' una valoración basada en el método de los flujos de caja descontados. En opinión de Miriam Iglesias, este sistema 'goza de general aceptación entre los profesionales' al aplicarse a empresas 'de larga trayectoria y vocación de continuidad'.
La juez desestima el resto de las pretensiones de Areces Fuentes: declarar la libre transmisibilidad de las acciones de El Corte Inglés y la nulidad de los acuerdos de las juntas generales ordinaria y extraordinaria del grupo del año 2005. De hecho, reconoce que la actuación del consejo de administración de la firma en la convocatoria y celebración de las juntas ha sido en todo momento ajustada a derecho. En cuanto a la imposición a la empresa de grandes almacenes de las costas del procedimiento, la titular del juzgado no se pronuncia.
El pleito se inició en 2005 cuando César Areces, hijo de Celestino Areces, hermano de Ramón Areces, propuso la venta de sus acciones (cerca de 400.000, el 0,695% del capital social) a El Corte Inglés y pidió inicialmente una cantidad de 80 millones de euros por el paquete, oferta que el grupo consideró 'especulativa'. Después de un proceso de cambio de estatutos de la compañía, el catedrático Leandro Cañibano realizó una valoración del grupo que ascendía a unos 5.500 millones, por lo que las acciones de César Areces valdrían algo más de 37 millones.
El desacuerdo se ha saldado ante el juzgado de lo mercantil en una sentencia que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. Fuentes de El Corte Inglés anunciaron ayer su intención de hacerlo 'y utilizar los mecanismos procesales oportunos en defensa de sus derechos', ya que entiende que 'la sentencia no se ajusta al procedimiento estatutariamente establecido'.
Durante el juicio, la defensa de César Areces Fuentes, representado por el bufete Jiménez de Parga, presentó una valoración del grupo realizada por los profesores del IESE Pablo Fernández y José Manuel Campa, que fijaba una suma total de 98,5 millones de euros para las 400.000 acciones de este accionista.
La juez considera que esta valoración 'se acerca más al supuesto previsto estatutariamente de valor real de la acción' que la que aportó El Corte Inglés realizada por Leandro Cañibano. De ahí que la sentencia condene a la compañía a 'adquirir las 378.60 acciones de la serie A y 12.603 acciones de la serie B titularidad de César Carlos Areces por la suma dineraria de 98,5 millones'. El fallo resalta incluso que los criterios utilizados por los profesores del IESE son 'moderados' y que 'podrían ser objeto de una mayor precisión que parece sería al alza'.
Pone como ejemplo el hecho de que el informe de Campa y Fernández no incluyó 'el valor de todas las marcas del grupo' sino únicamente la enseña El Corte Inglés y que recogió una reducción del valor por 'prima de iliquidez' al tratarse de una sociedad que no cotiza en Bolsa. En cuanto a la estimación del valor de los inmuebles, la juez considera 'oportuna' la utilización del índice de precios de la vivienda para la revalorización de los activos, a falta de un índice para grandes superficies. Añade en defensa de este método que en los informes aportados por El Corte Inglés se realizan 'alusiones y consideraciones' al patrimonio del grupo 'para un supuesto de liquidación y no de continuidad de la empresa'.
La defensa de Areces Fuentes dice que el precio que ofrecía El Corte Inglés hacía al accionista 'prisionero de sus acciones' y considera por tanto que sólo es posible mantener el sistema de compra de acciones (en el que el grupo tiene derecho de adquisición) si se ofrece 'el valor real' de estos títulos.
El Corte Inglés por su parte señala que la sentencia destaca la 'actuación impecable y diligente del consejo de administración' incluyendo el procedimiento para elegir al auditor de cuentas que realizó el informe de valoración 'al que la sociedad se ha ajustado'.
Dos años de disputa en la empresa familiar En marzo de 2005 César Areces Fuentes se reúne con su primo y presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, y le comunica su intención de vender las más de 400.000 acciones que tiene en su poder y que proceden de la herencia recibida de su padre, Celestino Areces, hermano del fundador, Ramón Areces.
El precio de venta de las acciones se convierte en objeto de disputa y la junta general del grupo acuerda modificar sus estatutos para que el órgano de administración encargue a un experto independiente la valoración de los títulos.
El informe, que realizó el auditor y catedrático Leandro Cañibano, fijó un valor por acción que suponía el pago de algo más de 35 millones.
Areces Fuentes acude a los tribunales y después de una vista que se celebra en el juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid los días 12 y 13 de marzo, la juez Miriam Iglesias dicta una sentencia con fecha de 14 de marzo en la que cifra en 98,5 millones el precio de las acciones de César Areces. Me parece muy inadecuado que ante la imposiblidad de poner en venta las acciones del corte inglés en bolsa lleguen a determinarle un valor.
Salarios míseros, jornadas variables e imposibilidad de cobrar el paro caracterizan el día a día de este colectivo, que en buena parte subsiste en la economía sumergida. El Gobierno ultima una ley para que las asistentas equiparen sus condiciones de trabajo a las del resto de empleados a cambio de elevar la cotización, un mínimo de cinco euros al mes. La medida también pretende profesionalizar el sector, que emplea a unas 600.000 personas y que cada vez tiene mayor demanda.
